CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

DENUNCIA ANTE LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN ESPAÑA

¿Dictadura en Venezuela y democracia en España como jalean los asesinos de la información veraz, responsable y objetiva? ¿Dictadura en la Venezuela del periódico de Miguel Henrique Otero Castillo y la emisora de Radio Caracas de Marcel Granier Haydon? Miguel Henrique Otero Castillo (nacionalizado español por orden del capo del Partido Popular Mariano Rajoy Brey) aconsejando que le tiren "puputovs" bolsas de restos fecales a los funcionarios y diplomáticos venezolanos, y Radio Caracas mitificando las manifestaciones "pacíficas" y "democráticas", "no violentas", de la oposición fascista. Sólo un descerebrado (o un bandido financiado por el capitalismo salvaje) puede comparar el gobierno de Venezuela con una dictadura como la impuesta durante cuarenta años por Francisco Franco Bahamonde. A quienes nacimos bajo el régimen franquista nos da mucha risa cómo la prensa de la "dictadura" venezolana tacha de asesino a Nicolás Maduro Moros y nadie va a la cárcel. ¿LLamar asesino a Franco y no ser enjaulado durante mucho tiempo? ¿Entrar y salir de España para conspirar con gobiernos extranjeros contra la dictadura de Franco y continuar en libertad como sucede en Venezuela? Mariano, Marianico, como si en España no tuvieramos suficiente mierda como para ahora compartir "nacionalidad" con ese basura de nombre Miguel Henrique Otero Castillo, "defensor" de la Constitución Venezolana pisoteada por él y toda la cuadrilla de golpistas en abril del 2002. Marianico, echamos de España a ese amante de arrojarle (otros porque él no aparece por Venezuela desde hace mucho tiempo) "puputovs" a la Guardia Nacional Bolivariana o te echamos a ti. ¿Te imaginas, Marianico, que vascos y catalanes, cuando empiece el "baile" de verdad por la Independencia de Vascongadas y Cataluña, hagan lo mismo con la Guardia Civil?


Pero no perdamos más tiempo hablando del régimen de Franco; hablemos de la España democrática. Hoy, aquí y ahora, la presidenta del parlamento regional catalán, simplemente por sacar un puñado de urnas de cartón a la calle para consultar en un referéndum pacífico y democrático, no violento, la opinión de los catalanes si quieren seguir en España o invitan a España a marcharse de Cataluña, ha sido procesada por desconocer la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta España democrática, su Gobierno (sustentado por una "organización criminal" como ha sido calificado el Partido Popular en sede judicial) y sus alcahuetes mediáticos, de forma incoherente han acusado a la "dictadura" venezolana de dar un golpe de Estado tras la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar en desacato a la Asamblea Nacional venezolana tras la impugnación de tres diputados elegidos presuntamente de forma irregular. Doble rasero; dos varas de medir. Dios no lo quiera si los pitufos catalanes por fin cumplen su promesa de declarar la Independencia de Cataluña si el Estado impide por la fuerza el reférendum pacífico y democrático. El pueblo catalán saldrá a las calles, se declarará en desobediencia. ¿Habrá disturbios? ¿Barricadas? El fantasma de Yugoslavia recorre España. Después de los catalanes, los vascos. ¿Qué hará Marruecos? ¿Un tercer frente de guerra en Ceuta y Melilla? Si todo esto sucede el mundo contemplará una oleada de represión como pocas veces ha vivido Europa. ¡Menudos son los demócratas españoles! Un millón de muertos hubo en la Guerra Civil de 1936-1939. Amanecerá, y veremos... Que Dios no lo quiera.


Señor Embajador de Venezuela en España, he tenido conocimiento de que unos venezolanos de origen español pretenden denunciar en España a la "dictadura" venezolana por terrorismo de Estado. Precisamente por la complicidad de España (por omisión del "ius puniendi" del Estado) en una campaña de terrorismo psicológico orquestada por el cibersicariato paramilitar colombiano dirigido por el parauribista Carlos Escobar Marín (condenado en EEUU; buscado en Venezuela por el sabotaje informático a PDVSA y demandado en Colombia por sus antiguos colaboradores; asimismo pariente tanto del narcoparamilitar "Macaco", Carlos Mario Jiménez Naranjo, como de la "Reina de la Cocaína", Griselda Blanco Restrepo, y mencionado en Narcolandia por los autores Virgina Messi y Juan Manuel Bordón, y en País Narco por el autor Mauro Federico), quiero poner en su conocimiento esta campaña de guerra sucia dirigida por el amigo del asesino a sueldo de Pablo Escobar Gaviria, Popeye, enlace éste en Colombia del prófugo de la justicia venezolana Antonio Nixon Moreno Merchán y ex marido de la prófuga también Patricia Poleo Brito para ayudar a la "hermana Venezuela" a salir de la "dictadura" de Maduro y de la "rata" de Diosdado Cabello como "Popeye" ha reconocido en su canal de Youtube. Este es un mensaje del terrorista Carlos Escobar Marín durante la "salida" de Maduro convocada por el "preso político" Leopoldo López Mendoza (hubo 43 muertos, pero la infiltrada Fiscalía General de la República sólo lo acusó por disturbios públicos).


Señor Embajador don Mario Isea Bohórquez, mi madre me parió en Gran Canaria, patria de Doramas, aquel guerrero canario asesinado a traición por los conquistadores europeos. Gran Canaria da nombre a las Islas Canarias, colonia española de ascendencia de no pocos próceres y mandatarios venezolanos como Francisco de Miranda Rodríguez, José Antonio Páez Herrera, José Félix Ribas Herrera, Ezequiel Zamora Correa, Carlos Soublette y Jerez de Aristeguieta, Antonio Guzmán Blanco, Fermín del Toro y Blanco, José María Vargas Ponce, José Ruperto Monagas Oriach, José Tadeo Monagas Burgos y José Gregorio Monagas Burgos, Edgar Sanabria Arcia, Rómulo Betancourt Bello o Rafael Caldera Rodríguez. A mediados de la década de 1970 ingresé en el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). Por desacuerdo táctico y estratégico con el secretario general, el desaparecido Antonio Cubillo Ferreira, deserté en 1977 para acogerme a la Ley de Amnistía decretada por el Gobierno de España.


Entre 1990 y 1998 desempeñé la presidencia de la Organización de Usuarios de la Justicia, domiciliada en el Hotel d'Entitats dependiente de la Generalitat de Catalunya. El Padrino de la mafia catalana, Jordi Pujol Soley (socio político sucesivamente de Felipe González Márquez y de José María Aznar López), dio la orden de no renovarnos el contrato de arrendamiento por haber investigado algunos de sus negocios turbios (ocultados primero por Felipe González Márquez y después por José María Aznar López porque en aquella época el Padrino no se había declarado aún partidario de la Independencia de Cataluña). Sin embargo, ahora, el Estado, la Administración de Justicia a las órdenes de la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han decidido investigarlo por fin, no por corrupto, sino por separatista. Un año inolvidable aquel 1998; primero por nuestra desaparición forzada y segundo por la clausura del periódico vasco EGIN donde yo publicaba regularmente las denuncias de la OUJ tras haber sido censurado por la prensa timocrática española por orden de la mafia político-judicial. Durante varios años la OUJ dejó de existir salvo para el diario EGIN hasta su clausura judicial con malas artes por el "juez estrella" Baltasar Garzón Real, once años después elevado a la categoría de "juez estrellado" cuando el Tribunal Supremo dejó sin efecto aquella jugarreta del hoy compañero de viaje, en la pretendida "regeneración de la justicia", de la jueza-diputada de Podemos (mearnos de risa) Victoria Rosell Aguilar, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, de quien hablaré más adelante.


Me fui de Barcelona y entré en América por Panamá, y de ahí a Colombia, México, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, El Salvador. En Colombia redacté la primera querella contra Andrés Pastrana Arango por su "mesa de diálogo" con la guerrilla por ser contraria a varios Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Ni un mes tardó el presidente Andrés Pastrana Arango en suspenderla. Poco después llegó a la Presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez con su programa de "seguridad democrática". Gracias a su iniciativa los residentes en Colombia empezamos a viajar más o menos seguros por carreteras. En Colombia me acusaban de defender a Hugo Chávez Frías y en Venezuela de simpatizar con la "seguridad democrática" de Álvaro Uribe Vélez. Comenzó a circular en Colombia un informe desclasificado de la Defense Intelligence Agency señalando a Álvaro Uribe Vélez de ser el narcotraficante número 82 de Colombia en tiempos de Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué EEUU desclasificó aquel documento poco después de la elección presidencial de Álvaro Uribe Vélez? ¿Quizá para tenerlo cogido por los cataplines si continuaba su "entente cordiale" con Hugo Chávez Frías? Bin Laden, Noriega, Hussein, viejos aliados de EEUU más tarde fueron cazados por cambiarse de bando. Desclasificando aquel informe, Álvaro Uribe Vélez no se iba a suicidar, y empezaron las hostilidades entre Colombia y Venezuela, con amenaza de guerra incluso.


Mi ruptura con Colombia se produjo en el año 2009. Nada más bajar del avión en Madrid, anuncié en mi página de internet: "Uribe, arrieros somos"... En mayo del 2011, en mi estrenada cuenta de Twitter @RSanchezArmas (más tarde saboteada por los cibersicarios de Álvaro Uribe Vélez), escribí: "Álvaro Uribe Vélez en la picota. ¿Dónde está Marín Zapata? Tenemos derecho a saber la verdad". Ardió Troya. Los seguidores de "Varito" (como le decía su pariente y patriarca del clan mafioso Ochoa-Vásquez, Fabio Ochoa Restrepo) entendieron por picota la cárcel La Picota de Bogotá, y se lanzaron en tromba. Miles de mensajes injuriosos de los descerebrados simpatizantes del presunto número 82. Los "expertos" en redes sociales desaconsejan responder a los insultos y calumnias de los cibersicarios parapetados en el anonimato, pero no opino lo mismo. La mejor defensa es el ataque. No se quedaron atrás y echaron mano de la consabida técnica de crear múltiples perfiles falsos con mi nombre y fotografía. En un perfil me acusaban de ser homosexual y en otro de robar bancos por internet. El perfil A repicaba el comentario del perfil B y viceversa. Decenas de perfiles falsos y miles de seguidores de la cuenta de @AlvaroUribeVel haciendo suya la campaña de difamación. Naturalmente tuvo repercusión en google. El descrédito estaba servido y mi testimonio contra el paramilitarismo impune en la cúpula política anulado. Craso error de Álvaro Uribe Vélez. Semanas de seguimiento de los perfiles falsos; meses cruzando la información entre un montón de cuentas anónimas. Fui descubriendo la identidad de los bandidos, su localización, sus fotografías y las fotografías de sus familiares más cercanos, y dónde trabajaban como reputados fiscales, abogados, catedráticos, políticos, directivos de grandes empresas, periodistas. El principal cabecilla del cibersicariato se parapetaba en la cuenta @colombiailove, pero terminó cayendo también. Hasta ese momento todas las sospechas apuntaban a Álvaro Uribe Vélez como el instigador de la campaña en el más puro estilo del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), pero tras la identificación de Carlos Arturo Escobar Marín, ya no hubo dudas. Este bandido trabajaba como sicario digital a las órdenes del hermano de Santiago Uribe Vélez (preso por vinculos con la banda paramilitar "Los Doce Apóstoles") y cuñado de Dolly Cifuentes Villa (viuda de Jaime Alberto Uribe Vélez), detenida por vínculos con Joaquín "Chapo" Guzmán Loera, capo del Cartel de Sinaloa.


El delincuente Carlos Arturo Escobar Marín, cuando aún no lo habia identificado, ordenó a su testaferra gringa Tonya Geese que registrara en España el dominio rafaelsanchezarmas.es. Lo hizo en noviembre del 2011, pero durante varios meses permaneció en "fase durmiente", sin contenido. En abril del 2012 por fin apareció la "obra maestra" del homófobo Carlos Escobar Marín (como dice la psicología todo homófobo es un maricón reprimido). El 11 de julio de ese año presenté una denuncia en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria. La misma recayó en el Juzgado de Instrucción número 8 de la jueza Victoria Rosell Aguilar. En su ausencia, el magistrado Alberto Puebla Contreras dictó auto de archivo por no ser los hechos constitutivos de delito. Solicité abogado para interponer el correspondiente recurso de apelación. El 8 de noviembre la procuradora Silvia González Pérez lo hizo en nombre del abogado Antonio Gonzalo Yago. La titular del Juzgado, Victoria Rosell Aguilar, más tarde diputada de Podemos (mearnos de risa) guardó el recurso en una gaveta. Hasta en dos ocasiones me quejé ante el Consejo General del Poder Judicial por dilación indebida (dilación indebida o retraso malicioso a la vista de su posterior abstención). ¿Por qué su retraso malicioso? ¿Por qué se abstuvo? ¿Acaso por venganza? Esta señora, compañera del periodista condenado repetidamente por difamación, Carlos Sosa Báez, sobrino de Pedro Sosa Santana (detenido en 1998 por un presunto delito de pedofilia), protagonizó anteriormente una bochornosa actuación prestándose a ser la correveidile del "estado mayor" del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria. Sucedió un año antes. Un testaferro del entonces alcalde de la capital de Gran Canaria, DON Jerónimo Saavedra Acevedo (una "vaca sagrada" en aquella época en el feudo siciliano de Gran Canaria tras haber sido dos veces ministro con Felipe González Márquez, dos veces también presidente del gobierno regional canario, senador, diputado), John Wayne, me denunció en la Jefatura Superior de Policía de Canarias por llamar a DON Jerónimo Saavedra Acevedo capo del Partido del GAL (aquella banda de sicarios parapoliciales organizada a la sombra del capullo y la rosa del PSOE). ¡Denuncia temeraria! ¿O no fueron a la cárcel varios ministros, secretarios de Estado, gobernadores, policías, guardias civiles y dirigentes del PSOE como responsables de aquellos crímenes? En ningun momento acusé a DON Jerónimo Saavedra Acevedo de ser responsable directo del terrorismo de Estado, sino de ser un dirigente, un jerarca, un capo del partido. ¿Quién dio la orden de intentar darme un "escarmiento" a través de los tribunales de justicia? No puedo afirmarlo, sólo contar lo sucedido a partir de la denuncia de "Jonh Wayne", ex delegado del Gobierno de España siendo presidente Rodríguez Zapatero y articulista del periódico digital de Carlos Sosa Báez (compañero de la jueza Victoria Rosell Aguilar). ¿Tuvo Carlos Sosa Báez o Anacleto (mote puesto por el periodista Francisco Javier Chavanel Seoane) o Sherlock Holmes (según el periodista de la isla del oeste Andrés González de Chaves Sotomayor) alguna participación en la trama? No puedo afirmarlo, sólo mencionar su cargo en el PSOE durante el secretariado general de DON Jerónimo Saavedra Acevedo como jefe de Prensa. ¿Por qué "John Wayne" presentó la denuncia justo el 4 de marzo del 2011? Puedo afirmarlo, cuando el Grupo de Delitos Tecnológico presentó a la mañana siguiente en el Juzgado de Guardia las diligencias policiales, el Juzgado de Instrucción número 8 estaba de guardia. ¿Casualidad o causalidad? ¿Qué hizo la jueza de guardia Victoria Rosell Aguilar? Puedo afirmarlo, no mandó a reparto la denuncia, sino que se la quedó para instruirla directamente. ¿Por qué lo hizo? El tiro por la culata tras perpetrar algunas irregularidades más. Se vio obligada a archivar definitivamente la denuncia. Ella y el "estado mayor" se quedaron con las posaderas a la intemperie. Cuando el partido Podemos la presentó como candidata en las elecciones generales casi me chorreo patas abajo. Podemos tiene una deuda pendiente en la patria de Doramas y debe desligarse para siempre de esta jueza poco ejemplar. ¿Se vengó más tarde cuando, por su culpa, mi denuncia contra el cibersicariato paramilitar se quedó en agua de borrajas? No puedo afirmarlo, pero tras su abstención, el caso lo asumió un tercer juez, Florencio Barrera Espinel, que rechazó el recurso de apelación por "extemporaneidad". ¡Cuánta belleza! Un juez no consideró delito injuriarme; la segunda se hizo la remolona hasta su abstención y el tercero rechazó el recurso. Una trama digna de la mejor película de intriga. Tres jueces, tres mentiras: Alberto Puebla Contreras, Victoria Rosell Aguilar y Florencio Barrera Espinel. Sólo quedaba el recurso de queja, pero el abogado Antonio Gonzalo Yago se negó a interponerlo. Puedo afirmarlo, rotundamente, es necesario implantar el derecho del justiciable a rechazar optativamente el nombramiento de cualquier intermediario procesal cuando el derecho constitucional a la defensa se convierta en un "tapón" para impedir el derecho a la tutela judicial efectiva. Un abogado incompetente, sin redaños o con mala fe puede ser el causante de una injusticia. Puedo afirmarlo, mientras yo iba contando todo esto en mi página de internet, el cibersicariato paramilitar colombiano intensificó sus arremetidas. El 10 de julio del 2013, previa comunicación a la Delegación del Gobierno en Canarias, registrada el 19 de junio con el número 55152/RG 1900349, me presenté delante del Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria. Apenas me dio tiempo de colgar una pancarta de 120x50 centímetros en una farola y un panel de 190x75 centímetros entre la puerta del consulado y una farmacia aledaña. LLegué a las diez de la mañana y cinco minutos después se presentaron sendas patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Municipal. ¿Quién los avisó? Desde mi anuncio sobre la intención de manifestarme delante del consulado colombiano, el cibersicariato me hizo mucha propaganda desde uno de los perfiles falsos con mi nombre y fotografía:

Por mi derecho al matrimonio con un colombiano inmigrante. Comunidad LGBT apoya mi causa sentimental. Este 10 de julio de 2013, frente a la sede del Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Obispo Codina, numero 3.

Uno de esos mensajes se lo enviaron a Carlos Sosa Báez (compañero de alcoba de la jueza-diputada Victoria Rosell Aguilar). No puedo afirmar si "Anacleto" o "Sherlock Holmes" y el cibersicariato mantuvieron alguna correspondencia, pero sí puedo afirmar que uno de los compinches de Carlos Escobar Marin incluso le recomendó demandarme por algunos comentarios míos sobre los negocios de Carlos Sosa Báez en Colombia.


De la farmacia regentada por Luis Fernando Cabrera Suarez junto a la sede del Consulado de Colombia salió un empleado. Cuando estaba leyendo la pancarta le hice entrega de una octavilla con el siguiente texto:

"Los terroristas del acoso por internet no necesitan armas de fuego, sino un ordenador desde la impunidad del anonimato para desacreditar a los enemigos de la mafia. Acuso al Estado colombiano de encubrir (por omisión investigadora) una campaña denigatoria a través de google, twitter y facebook durante dos años".

Sólo me dio tiempo a entregar dos octavillas más a sendos peatones en aquella mañana solitaria hasta la rápida aparición de las dos patrullas policiales. Se confirmaba mi vaticinio, no me iban a permitir manifestarme. El agente del CNP, a bordo de una motocicleta de matrícula CNP - AB 4138, me preguntó por el motivo de la protesta. Le mostré el escrito presentado ante la Delegación del Gobierno en Canarias. Dijo: "¿Dónde está el sello y la firma?". "¿No ve que es un sello electrónico?" -respondí.- "Esta pegatina no tiene validez" -dijo haciendo un ademán como para despegarla. "No se le ocurra levantar ese sello?". "¿Me va a decir cuál es mi trabajo?". "Su trabajo no es manipular un documento oficial". Me pidió el Documento Nacional de Identidad y telefoneó a la central de policía. No encontró "petróleo", pero regresó con la clara intención de vulnerar mi derecho a manifestarme. Insistió en la invalidez del escrito presentado en la Delegación del Gobierno de España en Canarias. Empecé a dudar de su condición de agente de la autoridad. "¿Y si fuera un paraco disfrazado de policía" -pensé. Sólo un impostor podía desconocer la legalidad del documento expedido por la Delegación del Gobierno en Canarias. ¿Quién llamó a la policía? Naturalmente el Consulado de Colombia, y eso se puede demostrar revisando el registro de telefonemas tanto de la Sala del 091 como de la centralita de la Policía Municipal. Entretanto, el vigilante de seguridad del consulado permanecía expectante en la puerta del zaguán y varios funcionarios colombianos husmeaban por la ventana. Uno de los policías municipales me exigió el permiso del Ayuntamiento para colgar la pancarta en la farola. "¿Permiso para una pancarta de algo más de un metro?". "Está ocupando un espacio público y debe tener la correspondiente autorización". La primera capital española en alcoholismo, drogadicción, narcomenudeo, corrupción administrativa y maltrato a mujeres, de repente convertida en Copenhague. La ciudad donde los bares y restaurantes invaden con sus terrazas ilegales las aceras; la ciudad donde los vehículos no respetan la distancia mínima de aparcamiento en las esquinas; la ciudad de la basura callejera y los escándalos nocturnos provocados por los denominados "botellones" durante los fines de semana pretendía darme una clase de civismo y legalidad. "Si no retira la pancarta y el panel tendremos que multarlo". Antes de hacerlo le pedí la identificación al agente del CNP. "¿Para qué la quiere? ¿No me ve vestido de uniforme?". Algo más de metro y medio de estatura, pero bastante chulito. El típico fanfarrón parapetado en un arma de fuego. Cuando me retiré de la calle Obispo Codina el reloj marcaba las 10:13 horas. Menos de quince minutos desde mi llegada. Más tarde me presenté en la Delegación del Gobierno. Idas y venidas porque casi todo el mundo estaba de vacaciones. Terminé presentando un segundo escrito:

"Que habiendo notificado a esta Delegación del Gobierno, el 19 de junio, Número de Registro 55152/RG 1900349, mi intención de manifestarme el 10 de julio delante del Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria, este derecho me ha sido impedido por el policía nacional (que se negó a darme su número profesional) que conducía una motocicleta mátricula CNP - AB 4138. Los hechos ocurrieron a las 10:00 horas. El agente en cuestión ni siquiera le dio validez a la notificación registrada en esta Delegación del Gobierno. "Esto es una pegatina, no un sello", dando a entender que cualquiera puede pegar la pegatina del Registro General de la Delegación del Gobierno. ¿Tengo derecho a manifestarme? ¿Qué tengo que hacer para resarcirme de la prohibición del agente aludido?".

Mientras esperaba la respuesta de la Delegada del Gobierno en Canarias, el cibersicariato paramilitar colombiano dirigido por el parauribista Carlos Escobar Marín, siguió festejando la actuación de la "justicia" española. Desde uno de los perfiles falsos, escribieron:

"La ninfómana Rafael Sánchez Armas o Rafael Tajarano Sanchez (su padre no lo reconocio porque fue producto de una aventura con una prostituta) ha perdido su demanda judicial contra el ciberterrorismo uribista. Dos jueces de Canarias y un fiscal han decidido negarle los recursos que este interpuso a una decision de archivo a una denuncia que mas bien parecia un galimatías de un enfermo mental o un oligofrenico homosexual. La decision judicial de caracter inapelable deja a Rafael Sanchez Armas como un bufon desocupado, homosexual, indocto, charlatan y payaso. Rafael Sanchez Armas ha perdido todas las demandas que interpone en tribunales porque sus desvarios mentales solo producen carcajadas en los jueces que las revisan y luego se la pasan a todos los empleados de los tribunales para que se rian. Rafael Juan Sanchez Armas otra vez mas ha hecho el ridiculo y ha sido objeto de burlas por todos los funcionarios judiciales de canarias. Perdió ese viejo maricón y pedófilo".

¡Qué prestigio de Victoria Rosell Aguilar entre los paramilitares colombianos! Pero el problema ya no es sólo de ella, sino del partido Podemos. Terminarán aborreciéndola por haberse infiltrado como una presunta defensora de la justicia y los derechos humanos. ¿Qué dirán los paramilitares colombianos de Carlos Sosa Báez? Un periódico de la isla del oeste lo tachó de mariconsón, capicúa, pájaro tatarita, ex seminarista sacado del armario, inmoral sexual, pestilente de pluma, afeminado de Las Palmas, moroso, bujarrón". Victoria Rosell Aguilar lo acompañó como testigo en el juicio por injurias contra dicho periódico porque "Anacleto", naturalmente, sí tiene derecho a preservar su honor.


El 16 de agosto, la Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, sin responderme a la pregunta sobre mi derecho o no a manifestarme como reconoce la Constitución Española, se limitó a remitirme el informe firmado por el Jefe Superior de la Policía en Canarias, Valentín Solano Sanmiguel:

"Tras investigaciones de esta Jefatura, y una vez identificado el agente actuante (...), cuando se encontraba circulando por la calle Obispo Codina, sobre las 10:00 horas, se encontró un señor gritando y repartiendo panfletos a los viandantes a la entrada del Consulado de Colombia (...) Debido a los gritos que esta persona daba, el funcionario procedió a identificarlo (...) Una vez el policía le solicitó la pertinente autorización gubernativa para manifestarse, le presentó un documento que carecía de sello y firma (lo cual le hacía dudar de su validez), si bien le permitió continuar manifestándose (...). La intervención se centró únicamente en la plena identificación de esta persona (...). Significar que el funcionario actuante iba perfectamente uniformado, presentando en el lado derecho de la camisa su número de carné profesional, según marca la ley, no siéndole solicitada su acreditación en ningún momento (...). En base a lo anteriormente expuesto, y una vez recabados los oportunos datos relativos a la intervención del agente, se ha comprobado por esta Jefatura que la actuación del funcionario ha resultado adecuada en cuanto a fondo y forma, y ajustada al ordenamiento jurídico vigente, por cuanto la Ley Orgánica 1/92, en su capítulo III, artículo 16, faculta a la policía a velar por el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana".

¡Héroes de cartón piedra! Maldad del agente "perfectamente uniformado" por partida doble, una por vulnerar el artículo 21 de la Constitución Española y la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derecho de manifestación y otra por mentir descarada y estúpidamente. ¿Gritando yo a quienes si apenas circulaban peatones dada la hora y las vacaciones de julio? ¿Qué pruebas aportó de tales gritos? ¿Por qué fui de nuevo a la Delegación del Gobierno si me habían permitido continuar con la protesta? ¿Por qué no mencionó la presencia de la patrulla de la Policía Municipal? ¿Quién amañó la declaración del agente "perfectamente uniformado" en dependencias de la Jefatura Superior de Policía para evitar la denuncia por un delito "cometido por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales" como está tipificado en el Código Penal? No me quedé de brazos cruzados y solicité a la Defensora del Pueblo (dos afirmaciones, dos mentiras) recabar el preceptivo informe de la Delegación del Gobierno en Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre mi comunicación registrada con el número 55152/RG 1900349, de fecha 19 de junio del 2013 (toda vez que la patrulla de la Policía Municipal me amenazó con multarme por no tener permiso del Ayuntamiento para colgar la pancarta y colocar el panel como yo había coan anunciado en mi escrito a la Delegación del Gobierno), y el registro de los telefonemas tanto de la Sala del 091 del CNP como de la centralita de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria para comprobar el verdadero origen de la intervención de ambas patrullas. La presunta "defensora del pueblo" nunca repondió. ¿Democracia en España y "dictadura" en Venezuela? La presunta "defensora del pueblo", María Soledad Becerril Bustamante, una marquesita, sólo tiene ojos para los "derechos humanos" de los "presos políticos" Leopoldo López Mendoza y Antonio Ledezma Díaz y su "apoyo en la lucha por la democracia en Venezuela". Qué cojones y ovarios tienen los muchachos y muchachas del Partido Popular. La mitad del partido está presa o procesada por corrupción, y sin embargo están preocupados por Venezuela. Como no metan pronto en chirona (talego, prisión) a Mariano Rajoy Brey (cabecilla de la "organización criminal" como han calificado judicialmente al Partido Popular) y no desaparezca de la faz de la tierra semejante partido o partida, tan pronto se den las condiciones solicitaré la nacionalidad vasca, catalana o marroquí. ¿Compartir pasaporte con esa marquesa silente con mis garantías constitucionales o con el neonazi Miguel Henrique Otero Castillo? Ni derecho a la tutela judicial efectiva ni derecho de manifestación. ¿Y un subsecretario del gobierno de Rodríguez Zapatero se ha atrevido a criticarme porque dice que odio a España? ¿A España? ¿Cuándo me ha visto nadie criticar el gazpacho andaluz o la paella valenciana? Odio a la mafia parapetada tras la máscara de la democracia.


Señor Embajador de Venezuela en España, a mediados del 2014, tras el escándalo ocasionado en Colombia por el espionaje de las negociaciones en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y la guerrilla FARC, donde estuvo implicado el pirata informático Andrés Sepúlveda Ardila (socio de andanzas del delincuente internacional Carlos Escobar Marín), un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, David Leonardo Gutiérrez Ocampo, se puso en contacto conmigo para recabar información sobre Carlos Escobar Marín. Más tarde descubrí mi equivocación. No le interesaba mi caso, sino recabar información sobre ese bandido en el mundo de la piratería informática. De todas formas protocolicé una denuncia ante la Embajada de Colombia en España sobre la campaña de difamación orquestada desde mayo del 2011. Hasta en tres ocasiones me han invitado a viajar a Bogotá. Ni borracho voy a Colombia porque no iba a salir vivo del aeropuerto de El Dorado. La Fiscalía General de la República jamás ha tenido interés en investigar quiénes estaban detrás del cibersicariato ni del resultado de mis pesquisas. A finales del 2014, yo, había conseguido eliminar la mayoría de perfiles injuriantes y denigratorios abiertos en twitter, facebook y google llamándome homosexual, proxeneta, ladrón de bancos por internet, condenado en Costa Rica por narcotráfico, socio de Pablo Escobar Gaviria, asesino del GAL (banda de sicarios parapoliciales organizada por el PSOE), buscado por la Interpor y por el FBI, ex convictos de no sé cuántos delitos. El cibersicariato fracasó rotundamente y ni siquiera iban a poder ordenar un atentado tras mi aviso al Ministerio del Interior de España. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Carlos Escobar Marín? En el dominio masqforo.com (alojado en godaddy.com donde tiene hospedado decenas de cuentas desde las cuales "opera" contra los enemigos del parauribismo) y en el portal terrorista wordpress.com (platatorma impune del terror en las redes porque ellos se rigen por las leyes norteamericanas y no atienden a las quejas de sus víctimas indirectas residentes en cualquier parte del mundo), publicaron la siguiente "información":

Rafael Sánchez Armas fue condenado a 26 años de prisión por delitos de abuso sexual y corrupción de menores, informó un tribunal de Madrid. El condenado aprovechó su situación como profesor para abusar de al menos tres menores durante la temporada 2012-13. Además, incitó a otros cuatro de sus alumnos, también menores de edad, a mantener relaciones sexuales con prostitutas, dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado. El acusado, identificado como Rafael SánchezArmas., reconoció los hechos, aceptó la pena de 26 años de cárcel tras un acuerdo con la fiscalía y se comprometió a indemnizar económicamente a las víctimas.

¿Ese Rafael Sánchez Armas que aparece en el buscador google pudiera ser otra persona? Imposible como se puede demostrar fácilmente leyendo una segunda "noticia" en esa misma cuenta publicada con mi nombre en el portal terrorista wordpress.com:

"El reconocido y admirado periodista colombiano Ricardo Puentes Melo, confirmo a traves de Twitter que Rafael Sanchez Armas es un vulgar delincuente que se alió con la mafia de UNP (Unidad Nacional de Protección de Colombia) para montarle un proceso judicial para quitarle a sus hijos. Además de tratarlo de delincuente, Puentes Melo acusó a Rafael Sánchez Armas de “bajo”, léase, de canalla, hampón".

¿Quién es Ricardo Puente Melo? En la siguiente fotografía aparece con Álvaro Uribe Vélez. Un cuñado suyo me remitió cierta información documentada oficialmente sobre sus turbulentas relaciones familiares (con denuncia por malos tratos por medio) y la publiqué en respuesta a su "graciosa" participacion en el cibersicariato. ¿Qué responsabilidad ha tenido Ricardo Puentes Melo en la "información" publicada en masqforo.com y en el portal terrorista wordpress.com? Desde entonces he tratado en vano de saberlo a través de las múltiples denuncias ante diferentes autoridades españolas por cuanto en esa "información" mencionan un inexistente "comunicado" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hoy, casi tres años después, y por la contumaz negligencia del "ius puniendi" del Estado, he demando al Ministerio de Justicia por Responsabilidad Patrimonial del Estado. Audiencia Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional. No tengo fe en el recorrido judicial de la demanda en España. Afortunadamente me quedará una bala en la recámara en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde España ha batido todas las marcas en sentencias desfavorable para el Estado. Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Fiscalía Provincial de Las Palmas, Ministerio del Interior, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ministerio de Justicia (patrón de la Fiscalía General del Estado). Más de dos años sin respuesta mientras el inexistente "comunicado" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha continuado dándole verosimilitud a la calumnia. ¿Por qué una institución del presunto Estado de Derecho español no ha salido de inmediato a la palestra tanto para negar públicamente el "comunicado" como para obligar al portal terrorista wordpress.com a borrar su nombre de esa cuenta falsa abierta con mi nombre? Casi tres años después, acuso abiertamente a España, a su presunto Estado de Derecho, de ser cómplice (por omision judicial) de una campaña de terrorismo psicológico. ¿Qué pinta España enlodada con esta campaña de guerra sucia? ¿España me está "pasando factura" del brazo ejecutor del paramilitarismo colombiano por defender el derecho de autodeterminación de vascos y catalanes o la descolonización de los enclaves militares de Ceuta y Melilla? ¿España quisiera cerrarme la boca pero no se atreve directamente? España, su Estado, es cómplice de un delito continuado de difamación, y lo pagará muy caro, naturalmente de forma pacífica y democráticamente, con la ley en la mano en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pasarán muchos años hasta entonces, pero voy a procurar no darle el gusto de morirme sin ver la sentencia condenatoria. Paciencia y tenacidad en la denuncia. Después de presentada mi reclamación ante el Ministerio de Justicia el 10 de mayo del 2016, presenté dos nuevas denuncias ante la dirección general de la policía y la dirección general de la Guardia Civil. Héroes del silencio tampoco han hecho nada. ¡Qué mal huele todo esto! Huele a persecución política. Entre el 12 de abril y el 19 del presente año, interpuse ocho denuncias consecutivas en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria; una por cada Juzgado de Instrucción, solicitando:

1) Que por parte de la Brigada de Delitos Tecnológicos se investigue la identidad del autor de la publicación del perfil https://sanchezarmas.wordpress.com/author/sanchezarmas/ con el objeto de depurar las correspondientes responsabilidades civiles y penales.

2) Que se de cuenta a la Fiscalía General del Estado del contenido de la publicación denunciada por atentar contra una institución del Estado implicándola en un delito de TERRORISMO PSICOLÓGICO con grave daño a mi honor (derecho consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española).

Un mes y medio después ahí continúa esa cuenta difamatoria con el "aval" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; del Estado por inacción del "ius puniendi". ¿Alguien tiene duda sobre la gravedad del caso? Como he dicho en tantas ocasiones ni me voy a tirar de un puente ni voy a cometer una locura ni voy a sucumbir a la guerra declarada de dos Estados (el Estado forajido colombiano porque colombianos son los responsables del cibersicariato y el presunto Estado de Derecho español). Lamentablemente para ambos Estados no soy derrotable porque no me pueden quitar el sueño con nada ni con nadie. Ellos contra mí y yo sin equipaje familiar contra ellos. Tanto Colombia como España, sus respectivos Estados, han sido derrotados moralmente, y mi denuncia permanente es la prueba más rotunda. Ahora a esperar unos añitos hasta desembarcar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quizá cuando vayan a resolver mi caso ya no exista España por la voluntad pacífica y democrática, no violenta, de los vascos y catalanes. Ya pensaré entonces qué nacionalidad solicito, si la vasca, catalana o marroquí.

¿Dictadura en Venezuela y democracia en España? A las pruebas me remito, Marianico.

CARLOS ESCOBAR MARÍN CIBERSICARIO PARAURIBISTA

ESPAÑA HUMILLADA POR CIBERSICARIOS Y JUECES ESPAÑOLES NEGLIGENTES

FELIPE VI MAJESTAD LA JUSTICIA ESTÁ MUERTA HAY QUE ENTERRARLA


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RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS

AGENCIA BK DETECTIVES