CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS
CLOACAS DEL ESTADO
GUERRA EN LA POLICÍA ESPAÑOLA
INSEGURIDAD
¿Quiénes cometieron los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid? ¡Casi 200 muertos! ¿Fueron terroristas islámicos o las "cloacas del Estado" para favorecer la victoria del PSOE en las elecciones generales como algunos comentaristas políticos sostienen desde entonces? El ex director adjunto operativo (DAO) de la policía española, Eugenio Pino Sánchez, ha aconsejado desclasificar el informe secreto de la Brigada de Analisis y Revisión de Casos sobre el 11-M. ¡Escándalo por todo lo alto! ¿Hubo destrucción de pruebas y fabricación de pruebas para justificar la destrucción de las verdaderas pruebas? Libros, testimonios, investigación de periodistas independientes. Todo sigue en la más absoluta nebulosa. ¿Presuntas "cloacas del Estado" manejadas por policías afines al ex portavoz del gobierno de Felipez González Márquez (en tiempos del GAL aquella banda de sicarios parapoliciales creada a la sombra del PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, como ha dejado entrever Federico Jiménez Losantos?
El ex DAO del Cuerpo Nacional de Policía también ha aconsejado hacer público el informe de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos sobre el "caso Faisán". Judicialmente terminó con la condena de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario principal Enrique Pamiés Medina y el inspector jefe José María Ballesteros Pastor, por colaboración con "banda armada". Según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Nacional, a principios del 2004 la Comisaría General de Información y la Comisaría de San Sebastián, de forma coordinada, retomaron la investigación de la red de extorsión de ETA dirigida presuntamente por Joseba Imanol Elosúa Urbieta desde el bar Faisán en Irún. La policía decidió instalar una baliza GPS-GSEM en el vehículo con matrícula 7424-CYX utilizado habitualmente por el sospechoso. Tras un período de escucha, vigilancia y seguimiento, en la tarde del miércoles 3 de mayo del 2006, se tuvo conocimiento de una reunión entre Joseba Imano Elosúa Urbieta y Ramón Sagarzazu Olazaguirre con Gorka Aguirre Arizmendi. Presuntamente se iba a hacer entrega de nueve millones de pesetas fruto del "impuesto revolucionario". El comisario José Cabanillas Sánchez, jefe provisional de la Unidad Central de Inteligencia de la Comisaría General de Información, activó la operación policial para detener a los miembros de la red de extorsión e intervenir el dinero. Los detalles de la operación se coordinaron entre el jefe de la Sección de Economía de la Comisaría General de Información, el inspector jefe Carlos Germán Hernández, y el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián. El 4 de mayo, de madrugada, varios miembros del CNP viajaron desde Madrid hasta Vascongadas. Todo estaba preparado para ejecutar la orden del comisario de la Unidad Central de Inteligencia, pero el titular de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, el comisario principal Enrique Pamiés Medina, dio instrucciones al inspector jefe de la Brigada de Informacion de Vitoria, José María Ballesteros Pastor, con el fin de alertar a los sospechosos de la red de extorsión de ETA, y por lo tanto evitar su detención para "no entorpecer" la negociación política entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero tendente a terminar la guerra terrorista. Pero el criminal nunca gana y ambos mandos de la policía dejaron un reguero de pruebas de su maniobra de espaldas a la justicia. Los peritos criminalistas del CNP y de la Guardia Civil, tras analizar las comunicaciones telefónicas entre ambos policías, descubrieron su complicidad en la filtración a ETA. Escándalo por todo lo alto en la prensa y condena en la Audiencia Nacional.
¿Decisión propia del Jefe Superior de la Policía del País Vasco o instrucciones políticas de filtrar la operación de la Comisaría General de Información para "no entorpecer" la negociación política entre ETA y el Gobierno? ¿Qué dice ese informe de la Brigada de Análisis de Resolución de Casos (desmantelada nada más jubilarse el director adjunto operativo del CNP) sobre el "caso Faisán" que no quedara aclarado durante el juicio en la Audiencia Nacional? ¿Por qué es necesario hacerlo público ahora? ¿Qué sucede en el Ministerio del Interior? ¿Hay dos bandas policiales a las órdenes de sendos bandos políticos? ¿Ajuste de cuentas entre policías de alto rango? ¿Comisarios de la policía trabajando presuntamente para el Padrino de Cataluña, Jordi Pujol Soley, con el objetivo de invalidar el juicio contra la Familia Pujol-Ferrusola por corrupción en la Audiencia Nacional? ¿Comisarios de la policía comprometiendo al "rey emérito" Juan Carlos de Borbón y Borbón por el caso de Jordi Pujol Soley? ¿Un comisario implicado en el presunto apuñalamiento de la dermatológa Elisa Pinto Romero por orden de un amigo del Rey de España Felipe VI? ¿Maniobra de distracción en las "cloacas mediáticas" para distorsionar la guerra de las "cloacas del Estado" como dicen algunos? ¿La policía investiga o "desinvestiga" por encargo? ¡Ya coño! Con razón aún no tengo respuesta a mi denuncia presentada a los directores de la policía y la Guardia Civil sobre una campaña de terrorismo psicológico orquestada por el cibersicariato paramilitar colombiano. Indirectamente aparece implicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¡Pero! Caballeras y caballeros, no hay forma de tener noticias de la policía ni de la Benemérita... Silencio, dejadez. ¿Alguien ha dado instrucciones? ¿Alguien puede vulnerar mis derechos constitucionales en venganza por mi condición de Investigador Antimafia en Cataluña en tiempos del Padrino Jordi Pujol Soley, socio, primero del PSOE y después del Partido Popular?
¿La policía manejada presuntamente por los políticos? Recuerdo cuando, por orden de la jueza-diputada Victoria Rosell Aguilar (compañera de alcoba del ex jefe de Prensa o propaganda del PSOE en Canarias, Carlos Sosa Báez, condenado en varias ocasiones por difamación y sobrino de Pedro Sosa Santana, investigado en 1998 presuntamente por un delito de pedofilia), fui detenido en marzo del 2011 tras una denuncia de DON Jerónimo Saavedra Acevedo por llamarlo en mi página de internet "capo del Partido del GAL". DON Jerónimo Saavedra Acevedo, jefe de Carlos Sosa Báez cuando el primero ocupaba la Secretaría General del PSOE en Canarias. Denuncia interpuesta en la Jefatura Superior de Policía de Canarias por un testaferro del entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria DON Jerónimo Saavedra Acevedo y ex delegado en Canarias del gobierno de Rodríguez Zapatero, amén de articulista del periódico digital de Carlos Sosa Báez (de mote Anacleto según el periodista Francisco Javier Chavanel Seoane por sus presuntas visitas a la Jefatura Superior de Policía de Canarias para dictarle al comisario jefe instrucciones sobre la muchachada del Partido Popular en las islas). ¡Ave María Purísima! ¿Un presunto soplón el compañero de alcoba de la jueza-diputada de Podemos (mearnos de risa) Vicky la Sandinista? ¡Ya coño, Vicky!
Qué asunto más raro aquel de la denuncia del tesfarrero del "capo del Partido del GAL" DON Jerónimo Saavedra Acevedo (dos veces ministro con Felipe González Márquez cuando un montón de gente del PSOE estaba ingresando en la cárcel por terrorismo de Estado). ¿Dónde se fraguó el plan para denunciarme? ¿En dependencias del PSOE? ¿Por qué el testaferro del alcalde no acudió a una comisaría en vez de recurrir a la Jefatura Superior de Policía? ¿Pensaban acoquinarme? ¡Qué casualidad! El Grupo de Delitos Tecnológicos presentó las diligencias policiales en el Juzgado de Guardia cuando estaba de guardia el Juzgado de Instrucción número 8 de Victoria Rosell Aguilar. ¿Por qué dicha jueza no mandó la denuncia a reparto? ¿Por qué se la quedó ella? No renuncio a descubrir la verdad cuando el Estado tenga a bien aplicar el "ius puniendi"; cuando el Estado sea de fiar, naturalmente. De momento no lo es porque tampoco ha investigado por qué la jueza-diputada de Podemos (mearnos de risa) se abstuvo de instruir mi denuncia contra el cibersicariato paramilitar colombiano. Tres magistrados intervinieron sucesivamente en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, dos como sustitutos de Victoriar Rosell Aguilar, hasta, finalmente, vulnerar entre todos mi derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución Española. Hablando de la reina de Roma, la Carta Magna, he recibido un comunicado de la Fiscalía General del Estado acerca de mi escrito presentado en el Ministerio de Justicia sobre un grave comentario hecho por Federico Jiménez Losantos. A ver si no se queda en un mero acuse de recibo.
¿La policía investiga o "desinvestiga" por encargo del mando político? No puedo dejar de recordarlo. El 10 de julio del 2014 intenté manifestarme frente a la sede del Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria tras la vulneración de mi derecho a la tutela judicial efectiva perpetrada por los magistrados Alberto Puebla Contreras, Victoria Rosell Aguilar y Florencio Barrera Espinel. Lo hice para comprobar la reacción del "mando político" español. Me estaban esperando y no pasaron ni diez minutos hasta aparecer sendas patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Urbana. Ni tutela judicial efectiva ni derecho de manifestación. Un tipo, disfrazado de agente del CNP, rechazó mi escrito presentado en la Delegación del Gobierno en Canarias porque "carecía de sello" de tampón. Desconoció el sello electrónico. ¡Qué asco! Naturalmente jamás me enfrento a nadie en desigualdad de armas, y me fui, directamente a la Delegación del Gobierno para denunciar la comisión de un delito del presunto agente de la autoridad (por impedir mi derecho de manifestación). La delegada María del Carmen Hernández Bento mandó mi escrito a la Jefatura Superior de Policía. El comisario jefe Valentín Solano Sanmiguel, dijo, que abrieron una "investigación". ¡Qué asco la explicación que me dieron! El paramilitarismo colombiano impune también en Las Palmas de Gran Canaria. Información completa.
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