Hay 19.969 colombianos presos en cárceles de 50 países, incluso en China, Japón y Tailandia.
En marzo pasado eran 18.415, lo que significa que la cifra ha aumentado en 1.554 en los últimos 8 meses. Cerca del 55 por ciento está detenido por delitos relacionados con narcotráfico.
Eso señalan los registros de la Cancillería con corte al mes de noviembre.
Apenas la mitad del total tiene, en teoría, la posibilidad de cambiar su celda en el extranjero por una en Colombia, pues solo hay convenio de repatriación con cuatro países: Venezuela, Panamá, Ecuador y España, en donde hay 10.601 colombianos.
Con Estados Unidos, el país con más nacionales presos (7.646), no hay convenio.
Pero, a juzgar por las cifras, la repatriación solo tiene alguna dinámica en Panamá y Ecuador, desde donde han aprobado 396 y 167 repatriaciones, respectivamente, en los últimos 7 años.
En ese tiempo, solo se ha aprobado una repatriación en Venezuela. De España ninguna fue aprobada este año, aunque esto se explica porque, según el Ministerio del Interior, allí les permiten trabajar a los condenados cuando obtienen la libertad condicional y hasta que cumplan la pena, por lo que prefieren quedarse.
En Panamá y Ecuador el acuerdo implica que pueden ser devueltos quienes hayan pagado el 60 por ciento de la condena, de tal manera que aquí puedan acceder a la libertad condicional y así se evite agravar el hacinamiento.
En Venezuela y España no existe un mínimo de pena cumplida, lo que significa que tan pronto son condenados pueden solicitar la repatriación. El viceministro de Justicia, Guillermo Reyes, afirma que el hacinamiento no es obstáculo para tramitar la repatriación desde estos países, sino que allí exigen muchos trámites que hacen casi imposible el regreso de colombianos.
En Ecuador hay congestión de procesos, luego de que la Corte Suprema de Justicia de ese país estuvo cerrada por siete meses en el 2005. Tras retomar sus funciones, determinaron que los beneficiados con la repatriación deben cancelar al menos 240 dólares (unos 480 mil pesos), dinero que puede resultar difícil de conseguir para muchos detenidos y sus familias.
Si vienen de Panamá o España, los presos deben, además, asumir los gastos de su tiquete y los pasajes de ida y vuelta de dos guardias que los escoltan, lo que signfica mínimo 3 millones de pesos.
Desde una cárcel de Costa Rica, a 1.200 kilómetros de distancia de su familia, que vive en Bogotá, Alejandro Mejía se enteró de la muerte de su esposa el pasado 28 de diciembre.
Ni siquiera el cáncer terminal que ella padecía fue argumento suficiente para lograr que lo repatriaran y estar cerca de sus hijos y su mujer en sus últimos días de angustia.
Esta semana, casi un año después, el Gobierno espera que Costa Rica finalmente apruebe la repatriación de Mejía, para que él pase Navidad con sus hijos.
En todo caso, el gobierno de ese país no está obligado a aceptar una solicitud de este tipo, pues con Costa Rica no hay acuerdo de repatriación y la petición la hizo Colombia alegando una situación humanitaria.
Cuando a Hugo Róbinson Quiñónez lo llevaron a la cárcel La Picota, de Bogotá, se sintió en "un hotel 5 estrellas".
Este tumaqueño de 39 años fue detenido en mayo de 1999 por ingresar droga a Ciudad de Panamá. Fue recluido en la cárcel La Joya, en un pabellón con 200 camarotes para 500 reclusos. Recuerda los retretes plagados de hongos y cómo "se acumulaban los bultos de mierda" cuando se iba el agua.
Después de una revuelta en el 2002, los colombianos fueron trasladados a La Joyita (a 2 kilómetros de La Joya), para ser separados de los panameños, que, según Róbinson, eran muy problemáticos.
Gracias a la oficina de la senadora Alexandra Moreno, a quien él llama su "ángel", pudo ser repatriado a Colombia en noviembre del 2004. Fue remitido a La Picota, donde estuvo hasta el 23 de diciembre de ese añó. Allí se sintió un huésped de primera, porque tras casi 6 años tuvo por primera vez una cama solo para él.
"Era tal la desesperación y la tristeza, que muchas veces me golpeaba contra las paredes hasta quedar inconsciente", cuenta sobre su drama un colombiano detenido en una prisión de Tokio (Japón), en una de las tantas cartas que recibe la Pastoral Penitenciaria en Bogotá. Información.
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AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS