FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Al Qaeda en el Magreb, el grupo salafista que el pasado 11 de abril asesinó a 30 personas en Argel, compra armas, explosivos, radios y teléfonos satélite con dinero obtenido por sus células durmientes en España, según se desprende de varias investigaciones diferentes que dirigen fiscales de la Audiencia Nacional. Parte de estos fondos han servido para financiar ataques en el norte de África, Afganistán, Pakistán y Chechenia. Una querella por blanqueo y financiación terrorista demuestra, por primera vez, que estos yihadistas esconden fondos en el paraíso fiscal de Bahamas.
España y Francia son los principales caladeros europeos de este grupo, no sólo para captar militantes y enviarlos a Irak, sino también para recaudar dinero con el que mantener a su organización terrorista y ejecutar ataques dentro y fuera de Argelia. La delincuencia común y la caridad son su principal fuente de ingresos. Militantes de este grupo presos en cárceles españolas siguen activos, según investigaciones de la Guardia Civil.
El antiguo Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), que el pasado mes de septiembre hizo pública su alianza con el sheij (jeque) Osama Bin Laden, obtiene fondos en España que sus correos y hawaladares trasladan a Argelia desde Alicante para engrasar su maquinaria criminal, según fuentes de la investigación. Unas veces mediante la delincuencia, otras a través de la limosna de fieles "casi siempre bien intencionados", y también con empresas ficticias, actividades falsas y paraísos fiscales como Bahamas.
Un equipo conjunto de fiscales, jueces y agentes españoles y franceses investigan desde octubre de 2006 una compleja red de financiación en ambos países del que se ha convertido en el grupo terrorista más temido en el norte de África, un movimiento dirigido por el emir Abu Musab Abde I Wadud que ya aglutina a la mayoría de grupos yihadistas de Marruecos, Argelia y Túnez.
Los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los Reinsegnement Généraux (servicios secretos franceses) apuntan a España y Francia como sus objetivos preferentes en Europa. La pista española sobre su financiación la sigue la Guardia Civil. En 2005 este cuerpo desarticuló en la Costa del Sol una célula cuyos miembros robaban en chalés y joyerías para financiar a Abu Haitan, el jefe del entonces GSPC que dirigía los atentados fuera de Argelia.
La financiación del terrorismo yihadista es vidriosa y retorcida. Desde el tradicional hawala, sistema de compensación que escapa a los circuitos financieros tradicionales e impide la investigación judicial, a la colecta de dinero en locutorios y carnicerías que los correos de Al Qaeda transportan en pequeñas cantidades en sus viajes por todo el planeta. "En el desierto del Sahel con 6.000 euros se compra a los tuaregs varios rifles Kaláshnikov. Y con poco más un camión bomba", destaca un especialista.
La red yihadista busca nuevas fórmulas para huir del control policial, tal y como se desprende de una reciente investigación de la Audiencia Nacional en la que se demuestra que Al Qaeda en el Magreb emplea también los territorios de ultramar (paraísos fiscales). Dinero procedente de Bahamas se envió a España a una persona relacionada con este grupo terrorista y se camufló con facturas falsas por servicios inexistentes a nombre de una multinacional japonesa de la informática, según una querella presentada por Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional.
González Mota ha presentado esta querella por blanqueo de capitales, colaboración con banda terrorista y falsedad documental contra un ciudadano argelino residente en España que abrió cuentas corrientes a nombre de una sociedad y recibió transferencias en 2004 de más de 18.000 euros desde el paraíso fiscal de Bahamas. Los cobros se justificaban con facturas falsas emitidas en Holanda y Alemania a nombre de la multinacional. Sus directivos han explicado a la fiscalía que no mantienen ninguna relación comercial con esta persona. "Fueron utilizados como pantalla para dar cobertura legal a los pagos. El objetivo fue financiar la yihad", señala una fuente.
El juez Baltasar Garzón, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado una orden de búsqueda y captura contra el presunto islamista argelino que se ha esfumado. Su nombre ya había aparecido vinculado a la financiación del terrorismo internacional. El fugado daba cobertura a estos pagos mediante notas de honorarios emitidas desde Argel. La investigación se inició a instancias de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, organismo dependiente del Banco de España.
Un fiscal de la Audiencia Nacional explica la filosofía de estas investigaciones: "En la financiación del terrorismo internacional tenemos que buscar un equilibrio para evitar detenciones arbitrarias, pero estar despiertos. Hay que actuar antes de que se cometa un atentado. No podemos esperar a que con ese dinero, casi siempre con pequeñas cantidades, se produzca el ataque". Y recuerda que tanto el 11-S en EE UU como el 11-M en España costaron "poco" dinero.
España es un escenario caliente en la financiación del yihadismo. Algunas de las acciones más trágicas de Al Qaeda se han financiado aquí. Los hawaladares tienen oficinas ilegales en las ciudades donde está más arraigada la comunidad paquistaní: Barcelona, Tarragona, Lleida, Madrid, Valencia, Logroño, Jaén, Almería y León. Captan el dinero de unos 100.000 musulmanes y entre esa marea de transacciones ficticias -el dinero nunca se mueve, sino que se paga por compensación- circulan cantidades para la yihad. "Perseguir este dinero es imposible", reconoce un funcionario del Banco de España.
Los ataques de Al Qaeda se financian con fondos de países situados a miles de kilómetros de donde mueren sus víctimas. Khalid Sheikh Mohamed, cerebro del 11-S y ex jefe de operaciones de Al Qaeda, empleó a varios agentes hawala en Logroño y Barcelona para financiar el atentado de abril de 2002 en una sinagoga en Túnez, donde murieron 22 turistas.
Ahmed Rukhsar, de 42 años, un campesino, transfirió desde su locutorio de Logroño 9.500 euros a la cuenta en Bancaja de Valencia de un paquistaní huido al que se acusa de comprar el camión bomba que empleó el suicida en el atentado. La Audiencia Nacional ha condenado a Ahmed a cinco años de cárcel.
Igual que Enrique Cerdá, empresario valenciano de 45 años, que manejaba en España las cuentas del paquistaní fugado de su casa en Karachi y que semanas antes de la matanza de Yerba recibió en su móvil seis llamadas de un hermano del suicida reclamándole 5.720 euros, utilizados para financiar la tragedia. Cerdá, que cobró comisiones por estos pagos a ciegas, cumple cinco años de prisión por financiación de terrorismo.
Desde el locutorio en Barcelona del hawaladar Mohammad Choudry se envió dinero a Amjad Farooqi, hombre de confianza del cerebro del 11-S, un jefe de Al Qaeda que intentó matar a Pervez Musarraf, el presidente de Pakistán. Farooqui es responsable del secuestro y asesinato de Daniel Pearl, periodista de The Wall Sreet Journal. Sheikh Mohamed ha confesado en la base de Guantánamo que degolló a Pearl. El grupo de paquistaníes al que pertenecía Choudry planificaba presuntamente atentados en Barcelona. El juicio contra ellos se celebra ahora en la Audiencia Nacional. "Demostraremos su inocencia", asegura Sebastian Salellas, abogado de varios imputados.
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