«Si alguien quiere venir a España, que lo haga por los cauces legales y no se ponga en contacto con las mafias, porque, si no, lo repatriaremos». Así de contundente se mostró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado 16 de enero cuando presentó el balance de la lucha contra la inmigración ilegal y dio los datos correspondientes a 2009. Justo tres días antes, el 13 de enero, el ayuntamiento de Vic aprobó la normativa que impedía empadronarse a los sin papeles (...). La decisión del ayuntamiento de Vic de no empadronar a los sin papeles ponía de manifiesto la contradicción entre la Ley de Extranjería y la Ley de Bases de Régimen Local. Una obliga a expulsar a los inmigrantes que han entrado de forma ilegal y la otra obliga a empadronar a todo aquel que muestre un pasaporte, independientemente de su situación legal. El empadronamiento, en España, da derecho al servicio sanitario, la educación y servicios sociales, como acceso a viviendas de protección oficial. Por tanto, mientras que, por un lado, la Policía está obligada a expulsar a los inmigrantes en situación irregular, los ayuntamientos están obligados a darles servicios sociales como a cualquier otro ciudadano (...). ¿Qué hacen otros países? Miremos a Alemania, único país europeo que tiene más inmigrantes que España y con una red de asistencia social que para sí quisiéramos aquí. En Alemania ningún extranjero puede empadronarse si no está en situación legal: es decir, reside en una vivienda y tiene un permiso de trabajo (...). España, como reconoció el propio Rubalcaba, sigue siendo un país atractivo para las mafias de África y los cayucos y pateras seguirán llegando a nuestras costas, sobre todo porque, a través del padrón se puede conseguir no sólo el acceso a los servicios de sanidad, educación y vivienda, sino, con el paso del tiempo, a la regularización.
La dureza de Alemania en su política con la inmigración ilegal ha hecho que a ese país apenas lleguen ya inmigrantes ilegales.
El caso de Vic (Barcelona), como el de Alcarrás (Lérida) o el de Torrejón de Ardóz (Madrid), son sólo la primera erupción de un problema que irá a más, en la medida en la que el paro y la falta de recursos de los ayuntamientos vayan en aumento. Muchos municipios han hecho la vista gorda en los tiempos de bonanza porque los sin papeles han hecho trabajos que otros no querían y porque han sido empleados en el campo o en la construcción cobrando salarios de miseria y sin seguridad social. ¿Acaso es esa situación la que se quiere preservar?
Si un empleado realiza un trabajo debe cobrar lo que marcan los convenios para su sector y debe estar afiliado a la Seguridad Social. Y, por supuesto, pagar impuestos.
Lo contrario es aceptar que hay ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros son los que están en situación legal; los segundos, son los sin papeles a los que aceptamos porque nos viene muy bien su sobreexplotación. A cambio, se les da acceso a la sanidad y educación gratis. ¡Qué buenos somos!
Empresarios, sindicatos y ayuntamientos deberían de colaborar con la Policía en el cumplimiento de la ley. Es decir, en expulsar a todo aquel que esté en situación irregular. Hacer lo contrario, bajo el mantra de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, es ocultar que cientos de miles de personas malviven con salarios de miseria que les son pagados por gente sin escrúpulos que se aprovecha precisamente de su situación irregular.
Casimiro Garcia-Abadillo Prieto.
Para SER, en términos históricos, unos recién llegados al selecto club de los países libres, novatos en lo que a inmigración se refiere, hay que ver la soberbia con la que impartimos lecciones sobre derechos humanos. No tenemos nada que aprender de nadie, nada que copiar de quienes redactaron la célebre Declaración Universal y recorrieron este camino antes. A nosotros va a enseñarnos Europa lo que hay que hacer con los inmigrantes? ¡Hasta ahí podíamos, llegar!
Según dicen nuestros dirigentes, ya sea Zapatero o Rajoy, la sanidad y la educación son derechos inherentes a la condición de persona. Servicios que el Estado está obligado a proporcionar de manera universal y gratuita a cualquiera que los solicite, al margen de su situación legal. No hay matices. Cualquier limitación de este principio resulta sencillamente implanteable, so pena de violentar los sagrados postulados de lo políticamente correcto, que impulsan a nuestros próceres con mucha más exigencia que cualquier otra norma o valor. Menos mal que aquí está España, faro de la progresía, para velar por el cumplimiento estricto de este catecismo laico.
En Francia, patria de la Revolución, los extranjeros sin papeles pueden escolarizar a sus hijos pero no reciben atención sanitaria más que en casos de extrema urgencia. En Inglaterra, cuna del parlamentarismo, la sanidad estatal tiene órdenes de atenderlos exclusivamente si se trata de una emergencia. Italia ha creado para ellos un sistema de ambulatorios especiales con tarjetas anónimas y restrictivas. Alemania, locomotora de la UE, excluye directamente de la red pública de salud a cualquiera que no cotice o no tenga la documentación en regla. Nosotros somos diferentes. Somos más rumbosos.
Desde sus confortables poltronas, al calor de ese Presupuesto que se estira y se estira hasta generar una deuda que habrán de pagar nuestros nietos, los representantes de la ciudadanía pontifican, discuten, teorizan, advierten, proponen, se reúnen? pero no se mojan ni pisan la calle. Nadie coge el toro por los cuernos. Ninguno se atreve a llamar a las cosas por su nombre. Es más fácil fingir escándalo ante ciertas actuaciones inmediatamente tildadas de xenófobas, colocarse la medalla al mérito de la solidaridad y dejar la patata caliente en manos de unos ambulatorios, escuelas y ayuntamientos obligados a resolver problemas que sobrepasan, con mucho, su capacidad y sus medios.
¡Cuánto coraje político! ¡Qué formidable liderazgo! Esto sí que es democracia, y no lo de nuestros inhumanos vecinos.
Isabel San Sebastián Cabases.
"La inmigración clandestina es una amenaza para la soberanía, democracia y bienestar del pueblo judío. Por lo tanto se ha de combatir la inmigración de terroristas, delincuentes y mano de obra barata". Benjamín Netanyahu.
CÁRITAS DE LAS PALMAS MODELO DE INMIGRACIÓN INSOLIDARIA
Netanyahu, Isabel San Sebastián, Casimiro Garcia-Abadillo. Tres racistas xenófobos ¿verdad? No son como vusotros, onegeneros "progresitas", tan solidarios con el dinero ajeno cuando no con el crimen organizado. ¿Onegeneros progresitas o cómplices del capitalismo salvaje? Defender la importación clandestina de mano de obra barata es defender la acumulación de beneficios por parte de los patronos esclavistas (tan solidarios a la hora de rebajar los derechos laborales tanto de los trabajadores "autóctonos" como de los extranjeros). Onegeneros deslenguados con respecto a Europa, Israel y EEUU y sin embargo "ciegos, sordos y mudos" cuando Fidel Castro ha llamado gusanos a sus compatriotas por emigrar clandestinamente o cuando Hugo Chávez Frías no ha dudado en expulsar a miles de colombianos en nombre de la soberanía del pueblo venezolano o cuando Colombia ha decidido reforzar las fronteras para no dejar entrar a ningun extranjero indocumentado o cuando México hasta no hace mucho tiempo encarcelaba a los extranjeros por no tener permiso de residencia.
Cáritas Diocesana de Las Palmas atiende a centenares de personas diariamente. La mayoría es inmigrante, pero es una minoría de canarios la que colabora voluntariamente en el mantenimiento del comedor y las duchas. Onegeneros "progresistas" vusotros sois los fascistas.
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INMIGRACIÓN VS SOBERANÍA Y SEGURIDAD