EL TRIBUNAL Superior de Justicia valenciano rechazó ayer la petición del juez Castro para que investigue a Camps y a Rita Barberá. El instructor del caso Nóos dio ese paso tras haber encontrado sólidos indicios de que ambos facilitaron los convenios ilegales que la empresa de Urdangarin suscribió con las administraciones valencianas. El tribunal autonómico no discute que existan indicios de delito, pero responde que, antes de actuar contra Camps y Barberá, no sólo deben acreditarse los hechos, «sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada».
Lo sorprendente es que el TSJ valenciano admite que la Generalitat «se limitó a transcribir el borrador de convenio facilitado por el Instituto Nóos a papel con membrete» oficial, y que lo hizo «sin realizar ningún estudio previo sobre su repercusión, trascendencia y valor». También da la razón a Castro cuando concluye que los informes jurídicos que avalaron el desembolso a Urdangarin «en pago de un servicio cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible» se elaboraron «con el fin de vestir a posteriori el expediente». Se hace muy difícil imaginar que tales hechos pudieran producirse sin el consentimiento y el impulso del entonces presidente de la Generalitat y de la alcaldesa, sobre todo si ambos se reunieron en el Palacio de la Zarzuela para tratar estos asuntos con el duque de Palma y su socio Torres, como asegura este último. Y es que, como bien dijo en su exposición de motivos el juez Castro, «todas las contrataciones se adjudicaron a dedo» y los principios legales de contratación se sustituyeron por el puro «amiguismo».
Los argumentos del TSJ valenciano para no imputar a Camps y a Barberá son que no hay pruebas de que presionaran a los funcionarios que elaboraron los expedientes y que pudieron intervenir otras autoridades intermedias con poder suficiente para sacar adelante los contratos con Nóos. Y aun cuando admite que Camps pudo tomar alguna decisión política «quizá criticable», advierte que ésta no podría calificarse de «penalmente reprobable» con los datos de que se dispone a día de hoy.
El comportamiento de Camps y de Barberá en este asunto levanta las suficientes sospechas como para no poner trabas a la investigación, más aún cuando llueve sobre mojado, pues ya sabemos que Urdangarin utilizó el mismo modus operandi en Baleares. Quizás no haya suficientes elementos como para sentarles en el banquillo, pero sí para indagar con esmero cuál fue su participación. Pretender que esa labor se haga en Palma resulta surrealista. Lo que parece subyacer en el auto es un celo excesivo en la protección de los políticos.
El asunto tiene concomitancias con la negativa de la Justicia a imputar a la Infanta Cristina, pese a las evidencias que existen en su contra. Son estas decisiones de los tribunales las que acrecientan entre los ciudadanos la idea de que la Justicia no es igual para todos y que las autoridades y los políticos son una casta privilegiada. Según las encuestas, ocho de cada diez ciudadanos consideran que la hija del Rey debería haber sido encausada. En España, ciertamente, sigue siendo excepcional la imputación de los poderosos.