CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS
Ayer, 17 de abril, me presenté delante de la mansión de la jueza "inamovible" española importada en Gran Canaria (patria de Doramas asesinado por la espalda por el genocida europeo Pedro de Vera Mendoza) para comprobar si había cumplido el fallo del Tribunal Supremo sobre la valla metálica instalada por esta miembro / miembra / miembre de Jueces para la Democracia (como si pudieran haber Jueces para la Dictadura) ocupando ilegalmente la servidumbre de paso de sus vecinos. Efectivamente la "inamovible" jueza Victoria Rosell
(inamovible aun cuando ha brincado a la política como privilegio de la casta de "puertas giratorias" bajo el régimen jurídico de excedencia voluntaria para volver a la judicatura cuando le salga de los cojones) ha quitado la valla metálica. ¡Pero! Ha ocupado su antigua "plaza de aparcamiento" con media docena de maceteros grandes. ¿Con qué permiso si se trata de un espacio público? Y la prensa kakanaria silente como siempre. Salvo dos periódicos digitales españoles nadie en Gran Canaria ha mencionado jamás el nombre de Victoria Rosell Aguilar. Impunidad bajo secreto. Con razón Victoria Rosell Aguilar según un ex agente del CESID es la protegida de la casta mediático-judicial isleña
La soberbia Victoria Rosell Aguilar ha quitado la valla metálica, pero la servidumbre de paso sigue restringida por una puerta corredera delante de la Urbanización Jardines de Chil. ¿Tomadura de pelo? ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo? ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para "desprivatizar" la servidumbre de paso de los vecinos enjaulados en el rincón de la calle Maestro Rodó? ¿Hasta cuándo van a ser obligados los ancianos e impedidos a no salir de sus casas salvo si lo hacen por sendas escaleras de más de 200 escalones? ¿Hasta cuándo estos "señoritos" de medio pelo van a impedirle el acceso a cualquier servicio público motorizado a los vecinos del rincón de la calle Maestro Rodó?
María Victoria Rosell Aguilar aun cuando nació en Murcia pudo haberlo hecho en Colombia, y no lo digo por haber guardado en un cajón durante más de un año mi recurso de apelación contra el auto de archivo de mi denuncia contra el cibersicariato del matarife Álvaro Uribe Vélez dirigido por el terrorista informático Carlos Escobar Marin, sino por la costumbre de la casta dominante de "privatizar" calles para impedir el acceso público a determinadas zonas residenciales. Las Palmas de Gran Canaria no es Bogotá, y el Ayuntamiento debe cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y retirar tanto la puerta corredera de acceso a la Urbanización Jardines de Chil como dejar de cobrar el "vado permanente" número 8773-8774.
AUGUSTO HIDALGO, ALCALDE, NO TE HAGAS EL LOCO
DELEGADA DE GÉNERO DEL GOBIERNO
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AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS